La jueza en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y Garantías de Cafayate, María Toranzos de Lovaglio, hizo lugar a un amparo y dictó una medida cautelar ordenando al Gobierno de Salta que provea de dos litros de agua diarios, potables y aptos para el consumo humano a cada residente de La Banda de Arriba, y por treinta días

La Juez María Virginia Toranzo

La acción de amparo fue presentada por Gladys Milagro Gutiérrez, quien solicitó una medida cautelar para que se la provea de agua potable a ella, su grupo familiar y vecinos de La Banda de Arriba.

Los amparistas argumentaron que “sin agua potable que cumpla con las condiciones técnicas y sanitarias para el consumo humano se ve comprometida la salud de la población (…) y, con ello, el derecho a la vida”, según informó El Acople Informativo.

La presentación agrega que “la verosimilitud del derecho se encuentra configurada con las resoluciones cinco y seis del año dos mil quince, emanada del Concejo Deliberante de la Ciudad de Cafayate que declarara la emergencia hídrica en la zona de La Banda de Arriba y nota de la firma Aguas del Norte de fecha 30 de enero de 2015, por la cual se requiere contar primeramente con instalaciones adecuadas y en condiciones de seguridad para mantener el servicio en condiciones mínimas”.

La escases de agua potable en La Banda de Arriba motivó marchas de los vecinos de la zona por las calles de la ciudad y protestas en el edificio municipal hasta donde llevaron recipientes con agua absolutamente barrosa que sacaron de las canillas de sus casas.

Las protestas llevaron incluso a que el intendente Fernando Almeda tenga que asistir a una suerte de audiencia pública en La Banda de Arriba en donde fue obligado a ir hasta los piletones de la planta potabilizadora de la zona y ver con sus propios la superficie cubierta totalmente de barro sedimentado.

La resolución de la magistrada apareció en medio de la queja permanente de los vecinos que sufren, desde hace largos años, por la falta de agua potable, sobre todo en el verano y el incumplimiento por parte del gobierno provincial y de las autoridades municipales de Cafayate de la promesa de instalar un pozo en la zona.

La jueza consideró que, dado que “el agua resulta ser un elemento de vital importancia, tanto para la supervivencia de los seres humanos, como para la adecuada higiene y conservación de la salud, resulta indispensable la provisión de la misma a efectos de evitar males mayores”.

Agregó que “…aún el dispendio de  erogaciones materiales y recursos humanos destinados a recuperar la salud de quienes sufren deshidratación, enfermedades asociadas al consumo de agua no potable y a la falta de higiene por falta de la misma, lo cual resulta inadmisible y costoso, por  lo que redunda en problemas ora sanitarios ora económicos y de salubridad”.