Así lo resolvió el Tribunal Electoral que accedió a que se cuente, voto por voto. «No hubo errores pero queremos asegurar que a nadie le van a cambiar el voto», explicaron.

A pesar de haber rechazado los planteos de inconstitucionalidad por la falta de transparencia del voto electrónico, casi en vísperas de las elecciones generales de mañana, el Tribunal Electoral resolvió que se realice en forma manual el escrutinio definitivo para elegir al próximo gobernador.

En una resolución firmada por todos sus integrantes, Guillermo Posadas, Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Adolfo Figueroa y Virginia Solórzano, admitió que, «este Tribunal debe garantizar que los comicios se desarrollen dentro de un marco de normalidad, resguardando que el derecho a votar de todo ciudadano sea ejercido dentro de los parámetros de libertad y respeto por el secreto de sufragio». Aunque asegura que el sistema funcionó sin ningún problema, la resolución dispone que «en el escrutinio definitivo se proceda a la apertura de todas las urnas y se realice la lectura y conteo manual de todos los votos emitidos, uno por uno». La secretaria electoral, Teresa Ovejero, dijo que «para nosotros es importante transmitir tranquilidad sobre que no hay posibilidad de modificar la voluntad del electorado». No obstante, la funcionaria aseguró que la decisión no se toma porque se haya registrado algún error, sino por el clima de desconfianza, para garantizar que a nadie le van a cambiar el voto».

El escrutinio definitivo se realizará en el Tribunal a partir del martes y tardará dos semanas.

Poco después, la principal fuerza opositora reclamó «que los votos se cuenten manualmente en la mesa, ante el presidente y los fiscales, con un acta oficial que registre el resultado, antes de que se manipulen las urnas y los votos emitidos». Solicitan que «se cumpla el artículo 11 de la Ley 7730 de Voto Electrónico… Es la única manera de asegurar la transparencia».

Una noticia a la distancia

Así como el centro de cómputos funciona en Buenos Aires, esta noticia crucial se conoció antes en solicitadas publicadas en diarios metropolitanos. La cuestionada Magic Software Argentina ya celebró un millonario contrato con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podría tambalear tras la mala experiencia de las Paso salteñas. La noticia alteró el clima de veda electoral en Salta y fue imposible saber la verdadera razón de esa decisión de publicarla antes a nivel nacional.

En los medios salteños, el Tribunal publicó una serie de recomendaciones que también reflejan que el Tribunal acusó el impacto negativo por las fallas en las máquinas que, el 12 de abril, emitían votos diferentes a los que había marcado el elector. Entre esas recomendaciones se ordena a los presidentes de mesa que pidan a cada votante que revise el texto del tarjetón y, si hay un error, que lo rompa y vote nuevamente, cuantas veces sea necesario.

Además, introduce una nueva normativa para que las máquinas no sean manipuladas por personas ajenas al trámite electoral y que todos los dispositivos que se utilicen se encuentren bajo absoluto control.

Modificación a medias

La habilitación del escrutinio manual significa una admisión de las falencias y representa un pequeño avance en cuanto a la disponibilidad del voto físico para controlar el verdadero resultado de la elección, pero no resuelve puntos centrales.

Magic Software Argentina, cuyo titular Sergio Angelini admite que el sistema es vulnerable, sigue teniendo bajo control el escrutinio provisorio y, por razones nunca explicadas, el Tribunal impide a los partidos la auditoría del código fuente, las máquinas de votar y el centro de cómputos. Es decir, se mantiene la privatización de la elección.

Hay varias asignaturas pendientes

Las modificaciones anunciadas muestran el impacto que las anomalías registradas tuvieron en la opinión pública.

El Tribunal afirma que lo único electrónico es la impresión de la boleta, pero no habilita el conteo manual tradicional para el escrutinio provisorio en las mesas. Esa modalidad supone el punteo manual en actas donde se registra el voto físico y que se constituyen en documento en poder de cada uno de los partidos, con la firma del presidente de mesa y los fiscales.

Mantiene el registro electrónico y no habilita la auditoría a cargo de auditores oficialmente reconocidos como tales y elegidos por los partidos, para controlar la impresión de la boleta, el tránsito digital hasta el centro de cómputos, el funcionamiento de ese centro y la inmediata confrontación entre los votos físicos y el escrutinio electrónico. Esa auditoría no es la que efectúan técnicos de la UNSa contratados para la ocasión por el gobierno.