El mandatario parece no querer recibir reclamos de ningún tipo. La decisión tomada por el gobierno de la provincia deja sin trabajo a 11 personas y a gran parte del Valle Calchaquí sin contención al grave problema de las adicciones.

El gobierno de Urtubey junto con el Intendente de Cafayate Fernando Almeda, optaron por el camino de la soberbia y la incomprensión frente al conflicto laboral planteado por los 11 trabajadores del ahora cerrado Centro Valle.

Ambos decidieron dejar a Cafayate y a una importante área del Valle Calchaquí sin el único centro de atención de adicciones con que se contaba.

La decisión de ambas gestiones se torna incomprensible frente a la gravedad y crecimiento de la temática en nuestra ciudad y zonas de influencia. Las adicciones están lejos de haber disminuido, por el contrario, ha crecido exponencialmente y a las denominadas naturalizadas, como el alcoholismo, se ha sumado el consumo de otros estupefacientes, fundamentalmente marihuana y paco.

Los gobernantes optaron por la soberbia frente al reclamo de precarización laboral planteado por los 11 trabajadores del Centro Valle. Por lo menos así lo entienden a los ahora desocupados tras años de esfuerzos y sacrificios personales. “Si reclaman se cierra” parece haber sido la consigna de Urtubey y Almeda y así lo hicieron con la consecuencia de dejar a once familias de Cafayate sin sustento y a toda una población desamparada frente al flagelo de las adicciones.

Los empleados del Centro Preventivo para las Adicciones de Cafayate, Valle, salieron nuevamente a las calles de nuestra ciudad reclamando por la arbitrariedad de la situación.

Historia del reclamo

Los once trabajadores del Centro Valle tuvieron dificultades desde el inicio del programa con promesas incumplidas. Primero que nunca lograron la regularización laboral tras años de prestar servicios. Luego, los fondos destinados al funcionamiento nunca llegaron tal cual se habían comprometido las autoridades para el normal funcionamiento del lugar.

Los trabajadores del Centro Valle entienden que se trata de una sinrazón dejar sin contención a miles de cafayateños alcanzados por distintas adicciones. El centro atiende por lo menos a cien personas semanales, es decir a cien familias afectadas por las graves consecuencias que están conllevan.

De acuerdo a los compromisos asumidos por las autoridades provinciales y municipales, al centro debían llegar mensualmente $53.000 para cubrir los costos laborales y de funcionamiento a través de un mecanismo que involucraba a la Municipalidad de Cafayate: El Ministerio de Derechos Humanos giraba los fondos al municipio y este abonaba al Centro Valle, pero esto nunca ocurrió.

Lo primero que ocurrió es que los nombramientos no llegaron nunca y obligaron a las once personas a inscribirse como monotributistas y facturar mensualmente a la Municipalidad. De esta precariedad laboral se llevan dos años.

En segundo lugar, las irregularidades e incumplimientos se dieron en la asignación de los fondos, pues la Municipalidad solo se limitaba a pagar mensualmente solo $ 41.000 correspondiente a la facturación de los once monotributistas. Nunca se supo que pasó con los $12 mil faltantes por mes de los  $53 mil comprometidos por el gobierno de Urtubey. Nadie dio jamás una explicación y no se sabe si el Ministerio de Derechos Humanos nunca los mandó o si en la Municipalidad se le dio otro destino.

Alguien debería dar explicaciones de que pasó con esa plata de todos los salteños.

Esto más allá del incumplimiento y de la desprolijidad en el manejo de fondos públicos, acarreó graves consecuencias en el funcionamiento del centro de contención para adictos ya que no había con que pagar insumos, comidas, elementos de limpieza y otras necesidades cotidianas para el cumplimiento de programas y objetivos impuestos en el plan desarrollado para combatir el flagelo de las adicciones.

Increíblemente todo esto fue cubierto por el bolsillo de los once trabajadores del centro y nunca les fue reintegrado ni un peso. Bueno es saber que el que más cobraba en el centro, percibía mensualmente $ 2.700. Gracias a la decisión de los once empleados se servían desayunos, almuerzos y meriendas a los adictos atendidos en el lugar. Del bolsillo de los once monotributistas se compraban los elementos para limpieza y los insumos para el funcionamiento de los programas.

Ante el reclamo de todo esto, el gobierno de Urtubey y el municipal de Almeda optaron por la soberbia: cerrar el centro, deja once familias sin sustento y a toda la población sin contención frente a la gravísima problemática de las adicciones.