Uno de los cuatro jóvenes que se calcinaron el 28 de octubre de 2014 grabó el pavoroso final. Se incumplieron los protocolos de seguridad. Los familiares exigen «verdad y justicia». ATENCIÓN: algunas imágenes de los videos puede herir su sensibilidad.
«Corré, Vilte, corré… Corré, la puta madre… Corré!». El fuego los empieza a devorar. El estrépito de las llamas crece. Los gritos son desgarradores. El celular de Martín Albarracín graba las espeluznantes escenas con secuencias caóticas. El empieza a quemarse e intenta, desesperadamente, ponerse un guante.
En una imagen invertida, el teléfono muestra a dos de sus compañeros atrapados entre los ardientes arbustos. A uno de ellos, el encargado de la cuadrilla, Víctor Ferreyra, se lo ve con casco rojo. Otro brigadista aparece sin casco. A pocos metros, con su espalda flameante, Martín se desploma.
El teléfono sigue filmando, inmutable. Se ve pasar a otro brigadista, tambaleante. Su ropa, supuestamente ignífuga, arde, y él lucha contra las llamas que la consumen. En segundos, la lente del celular empieza a derretirse. Las imágenes se desvanecen. El horror, no.
Escenas espantosas
De aquel infierno quedaron registros que hoy pueden verse aunque se advierte que pueden herir la sensibilidad de los lectores.
96 segundos: dura la escalofriante grabación en la que se ve cómo murieron Martín Albarracín, Víctor Ferreyra, Matías Vilte y Mauricio Valdez durante el incendio del cerro El Acheral, en Guachipas.
La estremecedora grabación, de 96 segundos, empezó a correr a las 12.11 del 28 de octubre del año pasado.
Es un testimonio fehaciente del momento en que Martín Albarracín (27 años), Víctor Ferreyra (37), Matías Daniel Vilte (22) y Mauricio Valdez (27) murieron en Guachipas.
En la memoria del celular quedó grabado otro video, que muestra el acercamiento de la cuadrilla a la zona de incendio, a las 11.27, con desinteligencias, ya que se escucha a Albarracín reclamarle a un compañero por el descuido de las herramientas.
Las desinteligencias tienen tu origen en la evidente falta de planificación del operativo.
En este video, que se tomó en la parte alta de la serranía donde 44 minutos después los cuatro jóvenes murieron calcinados, se observan llamas que se levantaban, desde la ladera opuesta, hasta varios metros por encima del monte nativo.
No quedan dudas de que era un incendio de nivel tres (de gran magnitud) y de que los responsables de la seguridad de los brigadistas de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia, ausentes en el lugar, incumplieron deberes y normas básicas con consecuencias funestas.
Nueve meses después
Los videos salieron a luz nueve meses después de la tragedia de Guachipas, solo porque días atrás, en su incansable búsqueda de verdad y justicia, David Albarracín encontró en la memoria del teléfono de su hermano los impactantes testimonios fílmicos.
El achicharrado celular, un LG que Martín Albarracín compró poco antes de su fallecimiento, había sido devuelto a la familia sin peritajes.
Cuatro muertes impunes y la Justicia en deuda
Por | Francisco Sotelo
El video que rescató el hermano de Martín Albarracín es la prueba de la precariedad con que los brigadistas fueron enviados a El Acheral
Nueve meses después de la tragedia de El Acheral, David Albarracín logró obtener las imágenes tomadas por su hermano Martín en su celular durante los últimos instantes de su vida. Se trata de videos y fotografías. Estas imágenes no pudieron ser analizadas por el fiscal penal por Cerrillos, Gabriel Portal, ya que el celular, como el resto de las pertenencias de los cuatro jóvenes muertos, nunca fueron sometidos a pericias. Tampoco se realizó autopsia de los cuerpos.
En el escrito que solicita el archivo de la causa, se consigna que el médico legal de la Policía de Salta, Afredo Tufiño, dictamina «muerte por asfixia por sofocación, no considerando necesario realizar autopsia». Las imágenes tornan incomprensible ese dictamen.
Más incomprensible aún, los certificados de defunción que constan en el escrito del Ministerio Público atribuyen las muertes a «calcinamiento».
El fiscal desestima la «supuesta comisión de un hecho delictivo» porque «en el caso que nos ocupa estaríamos ante un siniestro que habría sido producto de una descarga eléctrica natural «. No solo reduce la posibilidad de un delito al «incendio intencional», sin indagar otras hipótesis, sino que además reconoce que el fuego no entrañaba peligro inminente para nadie. «… el lugar corresponde a una zona alejada vivienda o sector de sembrado…», dice el dictamen, que concluye que resultaba «imposible su sofocación».
¿Por qué los mandaron? ¿Cuál era el apuro?
El texto del fiscal, firmado el 12 de marzo, puntualiza que la tragedia que les costó la vida se produjo el 28 cerca del mediodía y que en Defensa Civil recién se enteraron del hecho el 29, a las siete de la tarde, por el llamado de un lugareño, Elio René Flores Royano.
Este es un error grave de información: la noticia se conoció el 28 de octubre por la noche y la familia se enteró a través del noticiero de canal 11.
El fiscal no se pregunta, de todos modos, qué pensaban el director de Defensa Civil, Víctor Ola Castro y el jefe de la Brigada Forestal, César Dagum en esas supuestas 32 horas acerca de la suerte que habían corrido los muchachos. Y no se pregunta tampoco por qué no se habían mantenido en comunicación, como mandan todos los protocolos.
Preguntas básicas que el fiscal no se hizo
Desestimar la existencia de delitos cuando hay cuatro personas muertas violentamente, como es este caso, requiere un análisis minucioso de pruebas,
El texto del fiscal Portal es un catálogo de preguntas insinuadas pero no formuladas. La descripción de la evolución de un incendio en las serranías, tomado del informe pericial de los bomberos, es minuciosa y demuestra con absoluta claridad que ninguna institución responsable de la seguridad de las personas podría mandar a cuatro jóvenes a apagar el fuego sin agua, salvo los bidones de 20 litros, que son trasladados en las mochilas en este caso, ocho kilómetros de caminata.
Del texto del fiscal se desprenden indicios claros de negligencia de parte de quienes dieron la orden. Pero el fiscal no avanza en esa pista que el mismo proporciona, y tampoco se pregunta si fue una decisión de Ola Castro o Dagum, o si ellos recibieron una orden superior.
Tampoco se interroga acerca de por qué el equipo de diez bomberos voluntarios de El Carril convocado para el incendio, se retiró del lugar sin tomar intervención. Ese equipo tenía un jefe, técnicamente capacitado, que al verificar la magnitud del siniestro, ordenó la retirada.
Investigar cuatro muertes violentas nunca es «dispendio»
En su dictamen, el fiscal Portal aseveró que «estaríamos en presencia de un accidente casual» y descartó la existencia de delito.
El fiscal Portal asevera que «estaríamos en presencia de un accidente casual, es decir, producto de un accidente fortuito, involuntario y casual, sin responsabilidad de terceros y por el riesgo propio de la actividad» (sic). Es difícil sintetizar en forma tan explícita la urgencia por cerrar una causa con cuatro muertes. Ningún fiscal debería clausurar una investigación de esta magnitud con un «estaríamos». El incendio, sin muertes ni daños importantes probablemente haría razonable la frase que aparece en el documento del Ministerio Público: «el hecho anoticiado no actualiza hipótesis delictiva alguna ni justifica el mayor dispendio de una actividad jurisdiccional en orden a su tramitación ante este fuero penal».
Investigar cuatro muertes por calcinamiento no es dispendio, sino la razón de ser de «este fuero penal».
Por qué descarta sin más la posibilidad de incumplimiento de deberes, homicidio culposo, negligencia criminal, estrago doloso – la carátula del incendio de Cromañon- abandono de persona o tantas otras que ofrece la literatura jurídica. ¿Sería «dispendio»? ¿O falta de voluntad de investigar?
Quizá no haya delito, o sí, pero las familias y la sociedad tienen derecho a conocer la verdad y a la certeza de que los organismos funcionan como deben.
Del texto de Portal se infiere la sospecha de que no se cumplieron con las normativas vigentes. Sostiene que «baquianos del lugar habrían acompañado al personal de Defensa Civil y les habrían advertido a los brigadistas de los riesgos que traía el fuego…»
Un dictamen fiscal de tamaña gravedad no admite conjeturas. No cabe utilizar el «habría». ¿Los acompañaron o no?; ¿de dónde y hasta dónde?; ¿ quién los contrató a esos baquianos?, ¿cuál era el criterio técnico para decidir si cumplían las órdenes de Dagum o si aceptaban la sugerencia de los lugareños?.
Todo eso revela que el fiscal no tomó en cuenta los protocolos de incendios en áreas rurales. «… el personal damnificado se habría constituido en el lugar con el equipamiento y herramientas que se prevé para este tipo de siniestro y conforme se viene realizando en la órbita de dicha institución, de acuerdo a la ficha técnica remitida por Defensa Civil (la cual coincide y corresponde con los elementos secuestrados y analizados)…»
La imagen de Valdez en llamas demuestra que no se trataba de «ropa de protección para bomberos forestales aprobada por la respectiva normativa…», como firma Portal.
«… asimismo se trataría de personal capacitado para la sofocación de incendios forestales conforme a la reglamentación de la secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación». Si el fiscal hubiera abierto esa web se hubiera enterado de que esa normativa es muy diferente.
Quizá lo más impactante es el párrafo final: «Por último, tal desestimación no corresponde ser notificada a persona alguna, ello por no existir en las presentes actuaciones denuncia o presentación alguna que amerite tal notificación…»
A las familias se les cerraron las puertas para ser querellantes. En otras palabras, quizá mal asesorados, en el Ministerio Público las ignoraron.
«Queremos la verdad y la justicia», claman los familiares
A los parientes de los cuatro brigadistas nunca les recibieron denuncia alguna.
Las muertes destrozaron a las familias, que alimentan la certeza de que les están ocultando todo.
Es tanto el dolor que David, uno de los hermanos Albarracín, logró encontrar la manera de acceder a la memoria del celular de su hermano y rescatar su contenido. Con la misma voluntad lo acompaña Eugenia, la única hermana.
Todos ellos pidieron que se publique el video, donde las imágenes son desgarradoras. «Queremos que se sepa; queremos que nos digan realmente qué pasó; queremos Justicia», dijeron al traer el documento a El Tribuno.
A los familiares de los cuatro jóvenes muertos nunca les recibieron denuncia alguna – probablemente, por mal asesoramiento jurídico – y nunca los llamaron para que ratificaran en sede fiscal las sospechas, los temores y las acusaciones que hicieron en los medios de comunicación.
Para ellos no hubo «notitia criminis».
Sienten impotencia pero no se resignan. «Vamos a llegar hasta dónde sea», advierte Albarracín.
Sostienen que los jóvenes debieron cumplir esa tarea fuera de sus horarios normales de trabajo, lo que está prohibido por los reglamentos nacionales.
Niegan tajantemente que estuvieran equipados para enfrentar llamas de hasta diez metros de altura; niegan que se tratara de un equipo suficientemente entrenado como brigada para esa tarea y, sobre todo, niegan que el grupo haya estado comandado por un jefe habilitado e idóneo.
Una brigada no puede encarar un operativo sin jefe.
Sin jefes
«El jefe (César Dagum) se quedó en Salta», afirman Valdez y Albarracín. «No llevaban el menor equipamiento, los handies no funcionaban y quedaron encerrados en un fuego que ellos no podían apagar ni controlar».
No fue una quema de pastizales. Se trataba de un incendio de nivel tres, que los bomberos voluntarios de El Carril y el avión hidrante desistieron de combatir.
La pregunta que los padres formulan es ¿quién dio la orden?. No había peligro para viviendas ni sembradíos; las llamas eran incontrolables. Una información oficial sostiene que se estaba quemando un lugar de pastoreo donde había ganado de la ex ministra de Justicia y defensora general María Inés Diez. Sin embargo, esta funcionaria no pudo dar la orden ni mucho menos disponer el operativo.
«Mientras no haya Justicia, vamos a tener que pensar lo peor. El fiscal lo sabe. Él nunca hubiera archivado la causa como lo hizo si uno de los muertos hubiera sido su hijo», afirmaron Albarracín y Valdez.
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