Así se desprende de las declaraciones del concejal ultraalmedista René Condori durante la polémica sesión de este jueves en donde afirmó que el ejecutivo municipal denunciará a la empresa usurpadora, después de tres años que le fuera ordenado por el Concejo Deliberante.

Fernando Almeda

Todo fue raro este jueves por la tarde en el edificio del Concejo Deliberante de Cafayate donde se debía desarrollar la sesión postergada del miércoles.

Nadie sabe porque razón, el oficialismo hizo cerrar las puertas para sesionar y se desplegó un enorme operativo policial que impedía el paso de cualquiera que no fuera concejal.

Los periodistas de Radio Cafayate que cubren las sesiones del Concejo tuvieron también dificultades para ingresar en un primer momento hasta que finalmente primó la sensatez y les permitieron entrar para transmitir como cada semana.

Quizás las razones de tamaña medida haya que buscarlas en las expectativas que generaron los concejales almedistas durante la sesión de la semana pasada en la que repitieron varias veces que después de conocer las tasaciones se daría tratamiento final al tema de las 32 hectáreas. Esto puede haber sido el motivo por el que un grupo de vecinos se llegara hasta el Concejo Deliberante para seguir de cerca lo que allí ocurriera, por eso no se entendió a qué le temían los que pidieron custodia policial y ordenaron cerrar el acceso al edificio.

Pero más allá de esto, respecto del conflicto de las 32 hectáreas nada se incluyó en el orden del día y nada se trató al respecto oficialmente. Pero el Concejal René Condorí en un momento de la sesión anunció que el Intendente Fernando Almeda está preparando una denuncia, se supone que por usurpación, contra Pernod Ricard, cosa que hasta aquí se había negado sistemáticamente a hacer a pesar de habérselo ordenado desde el año 2013, en dos oportunidades, el Concejo Deliberante de Cafayate.

Las razones del brutal giro que da el almedismo pueden estar sustentadas en varios hechos ocurridos en las últimas semanas, algunos de ribetes escandalosos. Algunos de ellos fueron estos:

–   La ridícula y sospechada tasación del Martillero Argañaraz encargada y pagada por Pernod Ricard que sobrevaluó las tierras del Río Seco y subvaluó las de la pista de Aviación.

  –   La determinante decisión de los tres concejales del  Bloque de la UCR de no aceptar ninguna negociación de canje de tierras mientras se mantenga la usurpación por parte de Pernod Ricard.

–   El ocultamiento deliberado de un embargo en las tierras ofrecidas por la empresa usurpadora, con la posibilidad de adulteración de la Cédula Parcelaria y las sospechas de participación de autoridades municipales en ambos hechos.

 –   La aparición del ilegal tramite de anexamiento del catastro 2078 al 3685 iniciado en el 2015 en inmuebles por Pernod Ricard y las sospechas de anuencia de autoridades municipales para ello sin que exista autorización del Concejo Deliberante de Cafayate.

 –   Por último y quizás la gota que colmó el vaso fueron las denuncias presentadas por Néstor “Gallo” Gómez, Silvio Aguirre y el Concejal Rodrigo “Toti” Chocobar, primero hace algunas semanas contra la Fiscal penal de Cafayate, Sandra Ríos, y en estos días recusando a esa funcionaria judicial; pidiendo la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos y planteando una ampliación de denuncia por tentativa de fraude a la Administración Pública y presunto prevaricato de abogado.

 Estos hechos, sobre todo las posibles causas judiciales en su contra,  pueden ser la base del fenomenal giro de Almeda en sus “negociaciones amigables” con la usurpación y haya decidido retroceder brutalmente en el tema y  no avanzar con el “preacuerdo o convenio” redactado por el asesor legal de la Municipalidad de Cafayate y avalada por el Intendente, según lo manifestaron ellos mismos, en el que entregaban las 32 hectáreas municipales de la pista de aviación a cambio de 32 hectáreas del Río Seco, de indudable menor valor inmobiliario y encima embargadas.