Pernod Ricard y Almeda hasta ahora se salieron con la suya. Con el “panquecazo” de los concejales radicales lograron que la usurpación de tierras municipales y la clausura de un camino provincial no lleguen a la justicia.
Desde hace mucho tiempo estaba claro que los intereses de Pernod Ricard y del almedismo eran los mismos, al punto tal que los funcionarios y concejales oficialistas actuaron siempre como voceros de la empresa usurpadora, evitándole a esta tener que exponerse públicamente.
Pero las oscuras negociaciones que tuvieron episodios vergonzosos como la ridícula y sospechada tasación del Martillero Argañaráz contratado y pagado por Pernod Ricard, que se intentó hacer pasar como efectuada por el Colegio de Martilleros de Salta, hasta que fueron desmentidos por la propia institución, o el intento de ocultamiento por parte de los funcionarios y de la empresa de un embargo en las tierras que ofrecía la usurpación para canjear por las 32 hectáreas y que fue escondido en el anterior proyecto de convenio elaborado por la Municipalidad entre tantos otros elementos extraños, que incluso llegan hasta la actuación de la justicia de Cafayate.
Si finalmente el convenio se aprobara en el Concejo Deliberante de Cafayate este miércoles o el próximo, para lo que es necesario contar con dos tercios del total de siete votos, para este caso se necesitan cinco mínimo, se estaría dejando un mensaje altamente negativo a la sociedad de que se puede actuar al margen de la ley sin tener ningún tipo de consecuencias si tenes plata o como «arreglar». En este caso puntual el mensaje que se dará será que usurpar tierras públicas o bloquear caminos no tendrá consecuencias y que además contará con la complicidad de funcionarios públicos.
Claro está también, que nunca el brazo del estado actúa igual con los poderosos que con los débiles. En este caso cabe preguntarse como hubieran actuado el intendente y el gobernador con su séquito de funcionarios adulones si los usurpadores o bloqueadores de caminos fueran vecinos comunes, de los sectores más débiles de la sociedad con verdaderas necesidades, y no una empresa multinacional y multimillonaria.
Las respuestas caen de maduras frente a la realidad.
A esto habría que sumarle que la Jueza en lo Contencioso Administrativa le prohibió al intendente hacer cualquier arreglo con cualquier persona acerca de la pista de aterrizaje.
Ya que como dice el asesor legal de la municipalidad, esta no puede disponer del destino de un bien donado a la municipalidad con cargo, ya que esto lo tiene que decidir la justicia ordinaria.
¿ Estaríamos entonces en presencia de otro delito; el de desobediencia judicial ?