Lo que el almedismo y Pernod Ricard, ahora también con la anuencia de los versátiles concejales radicales, intentan que se apruebe de la forma más rápida posible, contiene varios elementos que generan sospechas.

El plano con el primer ofrecimiento de Pernod Ricard, enviado por Almeda para devolver solo algunas hectáreas y rechazo por el Concejo Deliberante en el 2013

El primer dato llamativo de la gestación del convenio es la forma oculta en que se tramitó. Solo fue una reunión, pero secreta y con custodia policial que, según algunos medios vinculados al oficialismo le atribuyeron carácter de sesión al justificar el ocultamiento público de la misma con la frase: “La maratónica sesión, entre Cafayate y Pernod Ricard, se mantuvo en el máximo hermetismo posible para evitar entorpecer la negociación”.

En cuanto a los términos del convenio, a través de uno de los llamativos párrafos de la cláusula D, que hace referencia al Artículo 2 la Ordenanza 8/79, desconocen que haya existido una pista de aterrizaje en el predio de las 32 hectáreas, una mentira que Pernod Ricard ya supo esgrimir en algunas presentaciones a la provincia y que ahora el almedismo y los concejales radicales también hicieron suya. Según los firmantes del arreglo, hasta el año 79 nunca funcionó una pista destinada al aterrizaje y salida de aviones en el lugar y sostienen que “A la pista que se habría de construir se le impondría el nombre de Arnaldo Etchart”. Es decir que para el almedismo, Pernod Ricard y los concejales radicales hasta el año 79 y posteriores a este, en el lugar nunca hubo una pista de aterrizaje, lo que es fácil desmentir con solo salir a la calle y preguntar a cualquier cafayateño mayor de 50 años y les contarán cientos de anécdotas aeronáuticas ocurridas en el lugar desde el año‘63 hasta más allá del año ‘85.

Otra de las cláusulas del convenio que carga varias mentiras es la G en la que se sostiene “Que a su vez la MUNICIPALIDAD ha efectuado reclamos a Pernod Ricard derivados de la ocupación por esta última de una porción de los terrenos donados”. La primera falsedad en esto es que la usurpación no ha “ocupado” una “porción” sino las 32 hectáreas más un camino provincial y la segunda es que jamás la Municipalidad le ha enviado siquiera una carta documento intimando a la empresa OKUPA a terminar con la ocupación ilegal a pesar de haber sido esto ordenado por el Concejo Deliberante en el año 2013 y en abril de este año. Es justamente ésta cuestión la que sostiene la denuncia contra el Intendente Almeda por falta a los deberes de funcionario público. Más extraño aún es la enorme contradicción de uno de los denunciantes, el Concejal Rodrigo “Toti” Chocobar, quién después de plantear ante la justicia que Almeda nunca efectuó reclamos a Pernod Ricard, ahora termina firmando que sí lo hizo.

Otro aspecto grave del convenio es que en la cláusula C los funcionarios municipales y los concejales firmantes terminan por arrogarse potestades de la justicia cuando impropiamente establecen que Pernod Ricard es quién donó las tierras y le otorgan derecho de negociación cuando en realidad es solo el usurpador de las tierras municipales y no beneficiario del cargo y menos aún el donante. Pero esta es una cuestión que debe ser resuelta por un Juez y no por quienes se mostraron siempre interesados en que esto sea así sin ningún sustento legal.

Como gran contradicción respecto de lo anterior, el convenio hace referencia en la cláusula C a que el predio en cuestión se “halla delimitado e individualizado como Catastro N° 2078 el Departamento de Cafayate y tiene un plano de mensura o desmembramiento N° 105”. Ambos documentos son del año 1963, los que no se hubiesen podido confeccionar si no estuviera efectivizada la donación. Es decir que se reconoce la documentación del año 1963, pero no quieren darle validez sino hasta el año 1979, siempre para intentar acomodar todo a los intereses del usurpador. En esos 16 años que van desde el ’63 al ’79 está voluminosamente comprobado el funcionamiento de la pista de aterrizaje, es decir el cumplimiento del cargo, que Pernod Ricard, Fernando Almeda, su asesor legal y lo siete concejales quieren ahora desconocer.

Extrañas «negociaciones amigables»

Al arreglo al que llegaron la usurpación, el almedismo y los ahora socios concejales radicales, se intenta mostrarlo como una generosa oferta de la empresa okupa y de una enorme conquista por parte de los funcionarios que empezaron por querer arreglar con Pernod Ricard recibiendo solo 12 hectáreas, para pasar luego a 18 lo que fue rechazado tajantemente por el Concejo Deliberante de la gestión 2011-2013. Tras ese fracaso, la empresa usurpadora intentó ilegal e irregularmente anexar las 32 hectáreas a su propiedad en el año 2015. Tras la movilización social hacia las tierras por parte de vecinos de Cafayate este año, reapareció el tema en la opinión pública y, junto con esto, extrañas negociaciones intentando un canje de tierras a pesar de que en abril el Concejo Deliberante ordenó a Almeda desalojar al usurpador y tomar posición plena de las tierras municipales. Las “amigables” gestiones de Almeda y su asesor legal desnudaron irregularidades, mentiras, adulteración de documentos, entre otras cosas para el ofrecimiento de 32 hectáreas que al final resultaron estar embargadas, hecho que terminó por descubrirse tras un intento de ocultar esta información.

El apuro

El descubrimiento de todas estas maniobras extrañas hizo que las negociaciones quedaran por unos días en un punto muerto hasta que se supo de la presentación de una denuncia contra el Intendente de Cafayate, El CEO de Pernod Ricard y el asesor Legal de la Municipalidad de Cafayate por intento de estafa a la administración pública y al abogado Aguirre Astigueta por prevaricato.

A todo esto último se sumó una propuesta de la familia Peñalba Arias para entregar 50 hectáreas en el camino a Tolombón a cambio de las 32 de la pista y de hacerse cargo del litigio con Pernod Ricard. Tras escucharlos y recibir por escrito el ofrecimiento, los concejales no los llamaron nunca más.

Pero la suma de estos elementos hizo que se activaran las alarmas en los “negociadores amigables” y apareciera como por arte de magia una propuesta de los usurpadores para entregar más hectáreas de las ofrecidas por Peñalva Arias. Pero esto vino acompañado del contenido del convenio que, tal cual fue firmado este lunes en una reunión secreta llena de abogados que representan a los “negociadores amigables”,  en realidad bajo el pretexto del canje de tierras, dejó sembrado el camino de elementos jurídicos para intentar colectivizar las responsabilidades, cubrirse legalmente y que las denuncias de intento de fraude contra la administración pública y prevaricato puedan extinguirse

Como último dato llamativo y sobresaliente del convenio, se destaca en las condiciones inexcusables que los planos de las 70 hectáreas ofrecidas por Pernod Ricard estarán recién en 60 días y serán confeccionados por un agrimensor contratado por Pernod Ricard. Este dato no es menor ya que si los planos van a estar recién en dos meses, no se explica cuál es el enorme apuro de intentar dejar aprobado por parte del Concejo Deliberante el convenio en 48 horas. Es decir que los concejales aprobarían el canje de las 32 hectáreas por tierras que aún no están delimitadas, desmembradas y peor aún sin un plano de mensura, es decir con solo la palabra de un usurpador confeso.

Si esto finalmente ocurriera, los concejales estarían firmando un cheque en blanco para que efectué los planos de lo que ofrece a quién ha hecho de la ilegalidad y el atropello una norma, a quién intentó ocultar información, falsear datos, alterar reales precios de las tierras a su conveniencia con irrisorios precios de una tasación seriamente sospechada y que además ocultó un embargo en el predio que ofrecía.

Ante este perfil del “negociador amigable”, no es difícil pensar que  el día de mañana, y ya con la propiedad definitiva otorgada por los “concejales salvadores” y en pleno uso de las 32 hectáreas, las 70 hectáreas ofrecidas terminen por “tener problemas” o “un embargo” o simplemente Pernod Ricard decida usurparlas porque los concejales, el asesor legal o el intendente se olvidaron de poner una coma, o un punto, o simplemente decida que la municipalidad no cumplió en algo el convenio y las 70 hectáreas pasen a ser solo un sueño no cumplido y las 32 hectáreas se conviertan en la historia de un “despojo” y un mal recuerdo de lo que los cafayateños perdieron. Claro que ya será tarde para llorar sobre la leche derramada y los ahora funcionarios ya no lo serán y solo gozarán de la satisfacción y el orgullo “de haber hecho lo conveniente”, aunque no se sepa para quién.

Rogando que esto último no se cumpla, solo queda cruzar los dedos pidiendo que el usurpador confeso y explotador ilegal de tierras ajenas, no se convierta en un reincidente.

Juan Manuel Abdala Ibañez