Ocurrió en la sesión de este miércoles. El documento, a pesar de estar caído y vencido en todos sus plazos y términos, había sido incluido en el Orden del Día.

El denominado convenio por las 32 hectáreas con el que la empresa Pernod Ricard intenta, de la mano del almedismo, apropiarse de las tierras municipales que usurpa y explota ilegalmente hace cerca de veinte años, tuvo un extraño trámite este miércoles en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Cafayate.

Con solo un dictamen de rechazo firmado por los concejales radicales Sergio Saldaño y Ana Quintela, el denominado convenio llegó a tratamiento incluido en la Orden del Día de la sesión de este miércoles, pero llamativamente el almedismo retrocedió y tomo la decisión de volverlo a comisión.

Es que el documento iba a ser rechazado ya que el almedismo no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. Tal cual manda la Carta Orgánica, se requieren dos tercios de los votos de los miembros del cuerpo para aprobar cualquier enajenación de bienes municipales, que en este caso son cinco sobre un total de siete votos y el oficialismo cuenta solo con cuatro, dos llegados en las listas del intendente y dos que llegaron vestidos de opositores pero que a poco de andar terminaron por convertirse en los más obsecuentes soldados de los deseos del ejecutivo municipal.

El convenio que nunca fue tal

El documento firmado entre gallos y medianoche, rodeado de aprietes e intimidaciones según denunciaron posteriormente los concejales radicales, no tiene ninguna validez hasta tanto el Concejo Deliberante de Cafayate le de aprobación.

El denominado convenio, a pesar de no contar con la correspondiente sanción del cuerpo legislativo municipal, intenta ser utilizado por el almedismo en diferentes ámbitos, generando confusiones utilizando el argumento de que el mismo lleva las firmas de directivos de Pernod Ricard, del Intendente Almeda y de los siete concejales y que esto le otorga carácter de ordenanza vigente.

Los primeros cuestionamientos a ese documento nacido en las penumbras y en medio de sospechas, parten justamente de que los concejales no tienen facultad para firmar convenios, lo hace el intendente y los ediles tienen asignado el rol de aprobarlos o rechazarlos a través del mecanismo legislativo establecido en la Constitución de la Provincia y en la Carta Orgánica municipal.

Lo concreto es que el denominado convenio, al día de hoy no tiene vigencia y tiene vencidos e incumplidos la mayoría de los plazos y términos establecidos en el.

Pernod Ricard nunca presentó al Concejo Deliberante de Cafayate los planos que en ese papel se comprometía a hacerlo en sesenta días a partir de la firma (6 de septiembre de 2016) del documento y que hasta el día de hoy no existen tampoco en la Dirección General de Inmuebles, por lo que sigue sin saberse oficialmente cuales son las 70 hectáreas ofrecidas en canje, donde están, qué características tienen, sin son cerros, si tienen arroyos que las atraviesan o si poseen litigios, es decir absolutamente nada.

Pero el denominado convenio posee además una catarata de inexactitudes, falsedades y trampas técnico-legales que de aprobarse a las apuradas el miércoles 7 de septiembre, como pretendían Pernod Ricard y el almedismo, hoy los usurpadores serían ya propietarios de las 32 hectáreas municipales y la municipalidad estaría aún supeditada solo a una promesa del usurpador para tener las misteriosas 70 hectáreas.

Pero ese invalido y vencido documento sí fue usado, a pesar de no estar aprobado y no tener vigencia, como prueba por los abogados de la defensa en la causa penal que pesa contra el Intendente Fernando Almeda, su asesor legal, Sebastián Aguirre Astigueta y el CEO de Pernod Ricard, por intento de estafa al Estado, falta a los deberes de funcionario público y prevaricato, hecho este que genera las sospechas de que el almedismo y la usurpación pretenden que el documento continúe “freezado” en una comisión para no dar lugar a una resolución definitiva de rechazo y de esa manera poder seguir utilizándolo a pesar de su invalidez de origen.

Las consideraciones de que el denominado convenio está caído y no tiene vigencia alguna, están incluidas en su mismo texto, el que a pesar de todas las inexactitudes y falsedades que posee respecto de la propiedad municipal de las tierras y de haber nacido inválido, el artículo quinto del fallido documento sostiene que: “ En caso de que alguna de las condiciones del artículo tercero no se cumpliera por cualquier causa que fuere, el presente convenio quedará sin efecto alguno y tendrán pleno efecto todos los derechos de cada una de las partes vigentes hasta la fecha, inclusive aquellos que podrían considerarse renunciados en las clausulas precedentes”

Lo concreto es que al día de hoy, ningún plazo ni compromiso fue cumplido formalmente por la empresa usurpadora y el hecho de que el documento no fuera aprobado deja en incumplimiento todo lo expresado en el artículo tercero, por ende el documento quedó sin efecto según sus propias clausulas.