Así fue establecido este lunes como resultado de una serie de inspecciones realizadas por un equipo integrado por técnicos de la Secretaría Ambiente y de Minería del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable,

La resolución llegó luego de constatar que la empresa Mina Franco estaba ejecutando actividades prohibidas en el lugar conocido como “La Yesera”.

Como consecuencia del incidente de una operación minera en la Reserva Natural Manejada de la Quebrada de Cafayate, Guardaparques de la Provincia paralizaron las actividades que realizaban en el lugar al haber detectado irregularidades en las tareas en el área mencionada, procediendo a labrar un acta de forma instantánea con el objeto de impedir precautoriamente que continúen con los movimientos debido a que estaban alterando el ambiente en una zona protegida. En ese marco el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, envió una comisión de especialistas integrada por técnicos de la Secretaría de Minería, quienes constataron junto a Guardaparques y Policía de Cafayate, la ubicación de los yacimientos mineros y corroboraron que se estaban llevando a cabo actividades que no estaban permitidas de acuerdo al permiso otorgado por el organismo correspondiente.

El permiso que poseía la empresa operadora, Mina Franco, era para tomar muestras superficiales en forma manual, sin utilizar maquinarias y sin hacer pozos o trincheras. No estaban habilitados para montar campamentos, ni tampoco nuevos caminos.

La documentación indica que la empresa comenzó su inscripción el 11 de marzo de 2014 en el Juzgado de Minas. El decreto ley 6806/95 instituyó en los Valles Calchaquíes tres áreas naturales de preservación, recreación y turismo, entre las cuales se encuentra la Reserva Natural Manejada de la Quebrada de Cafayate. Esta tiene como zona de influencia la ruta nacional 68, entre Las Dunas y Alemanía, incluyendo el Río de Las Conchas.

En noviembre de 2017 el concesionario presentó la renovación de la Mina Franco, siendo aprobado por resolución 016/18, habilitándola para exploración superficial. Posteriormente en febrero de 2018, el concesionario ingresó al Juzgado de Minas una solicitud de permiso para la etapa de explotación, el cual es analizado por la Secretaría de Minería y rechazado por insuficiente.

Desde el Ministerio se concluyó que el concesionario actuó irresponsablemente, incumpliendo los compromisos asumidos en su declaración jurada y los reglamentos de la Secretaría de Minería. Y se agregó que la actuación de los Guardaparques al paralizar las actividades en forma precautoria, fue totalmente acertada. El concesionario no cumplió con las recomendaciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), realizando operaciones absolutamente ilegales en relación al permiso otorgado y no está inscripto en el Registro de Exploradores, lo que podría generar a la empresa, multas, suspensión de la DIA, reparación de daños, clausura temporal o inhabilitación para la actividad minera.