Según  el secretario de Minería, Daniel Blanco, la empresa tenía una autorización que no fue respetada.

Luego de que los Guardaparques de la Quebrada de Las Conchas paralizaran preventivamente las actividades y vecinos les impidieran seguir en el lugar a los obreros obligándolos a sacar las maquinarias el Gobierno de la provincia confirmó que la empresa tenía una autorización desde Minería, pero no fue respetada, por lo que se tomarán medidas contra la compañía.

“El concesionario realizó actividades que no estaban autorizadas”, dijo el secretario de Minería de Salta, Daniel Blasco, por lo que se determinó el cese de las actividades. Explicó que la Mina Franco tenía un permiso de exploración otorgado en 2015, y que fue renovado a principio de este año, pero los trabajos que realizó la semana pasada no correspondían a esa certificación” según publicó La Gaceta de Salta.

“Técnicamente tenían permiso a un muestreo superficial, sin hacer pozo, sin alterar caminos, ni usar maquinarias y con el compromiso de comunicar los trabajos a la comunidad y a nosotros. Pero nada de eso se cumplió”, apuntó el funcionario.

Además  dijo que el domingo, el personal de la secretaría, guardaparques y la policía de Cafayate inspeccionaron el lugar.  “Y verificamos que el incidente ocurrió”, apuntó.

Blasco dijo que la empresa “estaba autorizada para estudiar el recurso, realizar un muestreo de superficie, pero metió campamento, la máquina y también hizo pozo”. Por esto se retiró al concesionario del lugar y se está “juntando la documentación para tomar las medidas del caso”, agregó.

El funcionario también comentó que hace 50 años, en esta zona se extrajo cobre artesanalmente, por lo que actualmente se observa “un túnel” allí.

Pero años más tarde, la Quebrada de las Conchas fue declarada reserva natural, lo que significa que es un área protegida y digna de conservar. Ante esto, comunidades originarias y vecinos de Cafayate y pueblos cercanos fueron a defender el sitio, rechazando toda actividad minera que significara la degradación del ambiente. Frenaron las máquinas y obligaron que se desarme el campamento.

Al respecto, el secretario de Minería de Salta explicó que la declaración de Reserva natural (1995) aun no fue reglamentada. Es decir, el área protegida “no tiene reglamento que exprese qué se puede hacer y qué no en la zona”, aseguró. Por ello “se le otorgó la habilitación” a la empresa para realizar un muestreo.

Por último, dijo que la minera tiene cinco días para contestar los requerimientos del Estado y a partir de allí se tomarán medidas, las que pueden incluir una denuncia judicial si hubiera daños ambientales y responsabilidad civil. “Ahora, con este antecedente estamos más sobre el tema”, sostuvo.