La noticia generó un estado de incertidumbre en el almedismo y sus aliados por las irregularidades detectadas que tuvieron un enorme impacto negativo en la opinión pública.

Luego de que la concejal Patricia Castro presentara un dictamen en minoría que evidenciaba diversas irregularidades en el balance de la Serenata a Cafayate 2019, entre las que resaltaban las 3.405 entradas que regaló el Ejecutivo municipal durante el festival, la mayoría oficialista del Concejo deliberante, en conjunto con los denominados “radicales almedistas” (Chocobar y Guantay) dispuso, en medio de críticas y gritos, no darle tratamiento en la última sesión y que el dictamen fuera girado a Comisión.

La notable molestia de los concejales incondicionales al intendente Almeda, que suelen mostrar un gran desconcierto frente a la evidencia de desmanejos, hacen que se siga demorando el tratamiento del balance de la Serenata a Cafayate, a pesar del supuesto apuro con el que juega Almeda para tratar de usar el supuesto superávit del festival en adjudicaciones directas de obras a las cooperativas cercanas a su gestión.

Ningún almedista quiso acordarse en la sesión del jueves pasado de que el presidente del Concejo Deliberante, Gabriel Corregidor, en la sesión del jueves 16 de mayo cuando se comprometió a que se emitiría dictamen el último jueves 23 ante la urgencia del Intendente que ya había solicitado una sesión especial para aprobar las polémicas y cuestionadas adjudicaciones directas con el dinero que dicen quedó como saldo positivo de la Serenata 2019.

Es que además, Almeda había criticado públicamente la demora en aprobar las contrataciones directas a las cooperativas “amigas”.

Lo cierto es que la aparición de la información de la cantidad de entradas regaladas por el Ejecutivo municipal que significó la perdida de cerca de 2 millones de pesos para la Serenata, sumado a otras irregularidades como las contrataciones a integrantes de la Comisión de Serenata, la compra de materiales sin destino fijo o poco claro, más los gastos de combustible del Secretario de Acción Social, Carlos Ibáñez, entre otras cosas, cayeron como una bomba en la comunidad y complicaron el panorama para la aprobación de un dictamen que el almedismo y sus aliados estimaban sería “un mero trámite de escribanía” por la mayoría de votos que posee el oficialismo en el Concejo, entre propios y los de sus aliados del radicalismo saldañista.

Lo cierto es que nadie sabe qué pasará esta semana. Fuentes municipales afirman que Almeda ordenó redoblar la apuesta y arremeter a pesar de todas las irregularidades denunciadas, aunque algunos concejales se muestren preocupados por los costos políticos y las  posibles denuncias judiciales que, tanto las irregularidades de la Serenata, como las de las contrataciones directas puedan generar.

Es que en toda la provincia, los intendentes pusieron las barbas a remojar ante el escándalo de las facturas truchas y adjudicaciones directas que tiene hoy detenido en la ciudad de Salta al empresario Matías Huergo.