Por segundo trimestre consecutivo, el Poder Ejecutivo dispuso un aumento de los haberes del sector pasivo apartado de la forma determinada por la Ley de Movilidad trimestral.

Como es habitual, el ministro de Trabajo, junto a la titular de la Anses, anunció con anticipación de poco más de dos semanas del próximo aumento que recibirán los jubilados, pensionados y los beneficiarios de subsidios “enganchados” con la variación del ahora suspendido índice de movilidad jubilatoria, que determina un coeficiente en base a un 70% de la inflación y 30% de los salarios promedio del sector privado registrado, del trimestre correspondiente a los seis meses previos al del mes de ajuste, y su reemplazo por un método más simple, y discrecional, como es la decisión del Poder Ejecutivo según parámetros indefinidos, como ahora se explicitó la inflación presente.

Según la fórmula suspendida en diciembre 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en junio hubiese correspondido un aumento general de las jubilaciones y pensiones, y el enganche para la Asignación Universal por Hijo de 10,9%, como consecuencia de la combinación de sendos incrementos entre octubre y diciembre de 2019 de 11,72% de la inflación y 9% de la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte). Pero el Gobierno determinó que fuera 6,12%, que es la inflación esperada para el período abril a junio», dijo el ministro Moroni.

De ahí que como ocurriera tras el anuncio del incremento de marzo, en las próximas horas cabe esperar una avalancha de presentaciones colectivas a la Justicia por parte de jubilados con haberes superiores a la mínima en reclamo del ajuste determinado por la fórmula de movilidad.

 Según la Ley de Movilidad suspendida desde febrero hubiese correspondido un aumento general de las jubilaciones y pensiones, y el enganche para la Asignación Universal por Hijo de 10,9%, en lugar de 6,1 por ciento

Es muy difícil en una economía con alta inflación, haber transitado un largo período con cuasi intervención del Indec, como fue la de 2008 a 2015, y ahora controles de precios y fuerte depresión de la actividad por los efectos de la pandemia que impide una exacta aproximación real a la inflación, más aún para el caso de los jubilados cuya canasta de consumo difiere del promedio general, determinar si las jubilaciones mínimas pierden o ganan respecto de la variación del promedio de precios al consumidor.

De ahí que un ejercicio simple es partir desde fines de 2015, cuando se inicia una etapa de normalización de las estadísticas del Indec y comparar el desempeño lineal de esas dos variables: inflación y jubilaciones, en períodos similares, sin desfases destinados a favorecer el desempeño de las siempre debilitadas finanzas públicas, más que los bolsillos de los jubilados, en su mayor parte, aunque no por mucho, aportantes al sistema de la Seguridad Social durante la vida activa.

Desde entonces, el Poder Ejecutivo determinó 14 aumentos, incluido el anunciado ayer por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, los cuales en 8 oportunidades estuvieron por debajo de la inflación: marzo y septiembre de 2016; en los 4 trimestres de 2018, con la nueva Ley de Movilidad; y en septiembre y diciembre de 2019; repuntó en 4: marzo y septiembre de 2017; junio 2019 y marzo 2020; mientras que empardó en marzo 2019 y se espera también en este de junio, si se cumple la previsión oficial de 6,12 por ciento.

 Desde enero de 2016 hasta este junio se dispusieron 14 aumentos de las jubilaciones, con un resultado de 8 por debajo de la inflación, 4 por arriba y dos empates

Semejante efecto serrucho responde al desfase en un semestre del traslado al factor de movilidad de la variación de los precios y los salarios, aunque desde marzo los ajustes rigen trimestralmente. Esa particularidad determina que los haberes jubilatorios se ven favorecidos en el presente cuando seis meses antes se transitaba por un proceso de aceleración de la inflación y consecuentemente de los aumentos nominales de las remuneraciones, y son perjudicados, cuando en el período previo esas variables se desaceleraban.

Esa inestabilidad propia de la economía argentina desde los años 70, con raras excepciones, determina que, dada la magnitud del presupuesto de la seguridad social, 45% del total previsto para el corriente año, los haberes jubilatorios a cargo del Estado sean sometidos reiteradamente a manipulaciones.

El resultado de esas idas y venidas desde diciembre 2015 arroja una pérdida acumulada en términos reales de poco más de 17%, luego de que con los ajustes de este año: marzo y ahora de junio, a nivel de quienes perciben la mínima de $15.892 y que se elevará a $16.684, se estime acusarán una recuperación del poder adquisitivo de casi 5 por ciento.

Desde diciembre 2015 los haberes mínimos de los jubilados acumularon una pérdida en términos reales de poco más de 17%, pese a que con los ajustes de 2020, a nivel de quienes perciben la mínima de $15.892 y que se elevará a $16.684, habrán recibido en el semestre una recuperación del poder adquisitivo de casi 5 por ciento

Diferente es el escenario de quienes con aportes superiores a los 30 años mínimos que exige la ley de retiro y superado el mínimo de 60 o 65 años, según sean mujeres o varones, perciben haberes sustancialmente mayores a la mínima, porque en ese caso el deterioro acumulado en los últimos 54 meses fue muy superior a 20%, y en este semestre, lejos de ganar, también perdieron varios puntos porcentuales respecto a la inflación.

En marzo frente a un ajuste determinado por la Ley de Movilidad de 11,56% , el Poder Ejecutivo decidió para quienes percibían más de $18.900 una suba de 2,3% más una suma fija de $1.500. Significó un incremento promedio para las escalas superiores a ese umbral de menos del 5 por ciento.

Cabe notar que el nuevo haber mínimo de las jubilaciones es sustancialmente inferior al salario promedio más bajo registrado en los empleadores con hasta 5 trabajadores, el cual según los últimos datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones fue en marzo de $30.000, y el promedio de toda la economía formal se ubicó en $57.000, antes del descuento del 17% para la Seguridad Social, Obra Social y Pami.

De ahí surge que en términos de bolsillo, el nuevo haber mínimo de $16.684 representa el 67% del ingreso menor promedio del mercado formal; y poco más de 35% de la media general de los asalariados privados registrados.