El fiscal federal, Ricardo Toranzos, anunció que hasta ahora hay 53 casos sospechosos en la provincia y que serán investigados por defraudación al estado nacional.

Los funcionarios salteños que cobraron o intentaron percibir los $10 mil pesos del IFE podrían recibir una pena que ronda entre los 2 y los 6 años de prisión. Así lo dio el fiscal federal, Ricardo Toranzos, quien lleva adelante la investigación en Anses, en el marco del escándalo por los concejales que cobraron este beneficio, destinado a los más necesitados, en este contexto de emergencia.

Ricardo Toranzos dijo a Multivisión que “la Justicia Federal pudo recabar información digital, de aquellas personas que se inscribieron y solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia”. En este sentido, el fiscal federal señaló: “Nosotros tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”.

Ricardo Toranzos detalló que a esa evidencia digital la relacionarán con hechos concretos o espacios concretos. “Tenemos que determinar el lugar físico, desde dónde se hizo el pedido. Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”, dijo.

Además, el fiscal federal detalló que se hizo una actuación sobre el encargado de la UDAI Sur (Marcos Vera Ramires), que estaría en orden de petición del beneficio. “Lo que se va a hacer es primero, es confirmar estos casos y después analizar si se puede hacer un tamiz, sobre otras personas que no deberían cobrar. La información está dada entre los que percibieron y sobre los que intentaron percibir este beneficio”, aseguró.

“La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de2 a 6 años de prisión”, finalizó Toranzos.