Todo se originó a raíz del caso de una víctima a la que no le brindaron la contención adecuada.

La Fundación Volviendo a Casa le presentó una nota al procurador General, Abel Cornejo para pedirle que cree una fiscalía especializada en violencia de familia y género en Cafayate porque la actual no trabaja con perspectiva, al igual que el juzgado local.

Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, explica en su nota que una mujer de Cafayate le envió un mail contándole su padecimiento a raíz de la violencia de género que ejerce su ex marido, un conocido ingeniero de la zona.

La víctima describe detalladamente todo su historia y cuenta las trabas que le pusieron al momento de denunciar los hechos. Afirma que la fiscalía nunca hizo nada y que incluso pusieron en duda su situación, revictimizándola aún más.

«Esta fundación tomo conocimiento del grave accionar de quien tiene a cargo el Juzgado Multifuero y la fiscalía, las irregularidades en el tratamiento de los casos de violencia familiar y/o violencia de género y sobre todo la conducta violenta que actuó sin la debida protección en el caso de N.B.. Consideramos que no tienen perspectiva de género ni formación en violencia hacia las mujeres y disidencias. Asimismo no encontrando respuestas en el cese de la violencia de quienes son víctimas, ni medidas de protección que garanticen los derechos de las mujeres e hijas/os», indicó Soria, según publicó el semanario El Expreso.

En la nota Soria sostiene que «Por lo que solicitamos por su intermedio que arbitre los medios necesarios para crear y designar un/a fiscal de Violencia familiar y de género como existen en los distintos distritos de la provincia de Salta. Es necesario que contemos con un/a Juez/a y una fiscalía que actué con perspectiva de género, especializada en la materia, ya que el abordaje de la materia es de vital importancia y sobre todo en protección a la víctima, ya que la jueza multifuero resuelve los casos sin la idoneidad ni la especificación necesaria que se requiere en la materia», agrega.

Finalmente, Soria añade: «es el Estado quien tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas y niños, tendiente a asegurar el acceso a la justicia través de los tribunales especializados en violencia familiar y genero para el logro de una eficaz la tutela de los derechos humanos».