Así lo afirmó el secretario general de ATSA, Abel Ramos, quien tuvo duras críticas para el gerente del hospital Carlos Vargas y las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia.
Crece la polémica tras la muerte de Norma Montañez, técnica de laboratorio del hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate y se suman voces que piden el alejamiento de Carlos Vargas de la gerencia del hospital.
Una muerte, según los referentes gremiales, que se pudo haber evitado, «ya que sobrevino a una descompensación de la trabajadora luego de reiteradas discusiones con autoridades hospitalarias por violencia laboral al personal».
El secretario general de ATSA, Abel Ramos, no dudó en afirmar: «Lamentablemente a nuestra compañera la mataron. La mató la burocracia, el prejuicio, la soberbia, la inacción y la injusticia. Nuestra delegada no abandonó nunca su postura en la defensa de dos enfermeros colaboradores del hospital que fueron agredidos verbalmente por el doctor Baeza». Sostuvo: «Nuestra dirigente sufrió hasta último momento el atropello del personal directivo y de su gerente (Vargas), quien haciendo caso omiso a resoluciones judiciales amparó la postura del cuestionado profesional (Baeza), llegando inclusive a violar los protocolos existentes respecto a casos de violencia laboral y de género».
El dirigente de la sanidad expresó: «Es inadmisible la decisión de realizar un careo entre víctima y victimario, pretendiendo alcanzar un acuerdo, ocultando la soberbia y el acoso desmedido, tal cual lo permitió el gerente del hospital (Carlos Vargas) al enfrentar a nuestra compañera con quien la denigrara (Baeza). Así le provocaron un mal momento, con las trágicas consecuencias por todos conocidas».
Ramos agregó: «No se puede comprender por qué se demoró tanto la respuesta de los funcionarios de turno al dictamen de la Comisión de Violencia Laboral, que determinó 30 días atrás los pasos que debían realizarse para separar del cargo al profesional cuestionado».
«A Norma Montañez la mató el prejuicio de quienes se resisten a vivir en democracia, ensuciando la imagen sindical y subestimando la tarea de los dirigentes gremiales. Quienes en tiempo de pandemia tenemos que contener a nuestros trabajadores, cuando el salario no alcanza, cuando los hospitales no tienen insumos y cuando los nosocomios no proveen a los agentes de salud de los elementos mínimos de seguridad», señaló.
Ramos indicó que «la situación llegó a su límite, no vamos a permitir que ninguna situación parecida se repita, la comisión de Violencia Laboral deberá ser escuchada o bien desintegrada, pero alguien deberá hacerse cargo de lo ocurrido. No vamos a consentir que los casos pendientes de resolución por violencia en el trabajo en los hospitales San Bernardo, Hospital del Milagro, hospital de La Viña, hospital de Cerrillos y hospital de Tartagal, que en la actualidad tienen denuncias reales, queden en el olvido o se sumerjan en la burocracia. Ningún otro trabajador de la salud de Salta sufrirá de ahora en más atropello».