Los causantes viajaban en convoy. Tres iban en una camioneta que hacía de “coche puntero”. Por detrás, lo hacían los otros dos en un vehículo de alta gama, en el cual estaba oculta la droga. El Área de Casos Complejos lleva adelante el caso.

Cinco personas, detenidas el lunes pasado en un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en Cafayate, quedaron imputadas esta tarde al término de una audiencia de formalización de la investigación penal, a cargo del juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio.

La acusación fue formalizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, quien reveló detalles del hecho e imputó el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes a Alfredo Tapia, Joaquín Salazar Choque, Fabiola Chávez Paz y los hermanos Adrián y Jacinto Alvarado López.

En su relato, el fiscal contó que el lunes a la madrugada, personal de la Sección Cafayate detuvo a una camioneta Chevrolet S-10 en la ruta 68, a la altura del paraje “Tía Jacinta”. En la misma viajaban Tapia y los hermanos Alvarado López, quienes lo hacían de Jujuy a El Calafate, en Santa Cruz, aunque, luego se rectificaron y afirmaron que iban a Buenos Aires.

En el control físico del rodado, los gendarmes advirtieron una cinta de sujeción a la altura del tanque de combustible, algo inusual que levantó sospechas. A los dos minutos, apareció en escena el segundo rodado, un automóvil Hyundai Tucson, en el que iban Salazar Choque y Chávez Paz.

En este caso, según explicó la fiscalía, se advirtió que el conductor (Salazar Choque), entre la documentación vehicular, poseía una cedula azul a nombre de Tapia, quien viajaba en la camioneta, con lo cual se estableció la relación entre los cinco acusados.

A ello, se sumó otra observación clave en los burletes de las puertas del auto, por lo que al examinar más a fondo notaron que la alfombra estaba pegada al piso de una manera extraña, por lo que, bajo la dirección de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejos y la Dra. Ana Gómez Rincón, se procedió a una requisa más profunda.

Desmantelado

La tarea, sin embargo, no fue nada sencilla, ya que una vez que se extrajo parte de la alfombra se descubrió un habitáculo en el piso del auto, el que se extendió por gran parte del rodado, el cual tuvo que ser prácticamente desmantelado a fin de poder sacar un total de 55 paquetes de droga.

Con la prueba de campo, se pudo determinar que se trataba de cocaína con un peso de 58 kilos. También se secuestraron seis teléfonos celulares y una suma total de 140 mil pesos, la documentación de los vehículos y otros elementos de interés.

Descripto el hecho, el fiscal se refirió al encuadre legal y la prueba reunida, con lo cual fundó la imputación penal, solicitó autorización para avanzar contra otras pericias técnicas, estableció un plazo investigativo de 40 días y solicitó la prisión preventiva de todos los acusados.

Al respecto, resaltó la gravedad del hecho, el riesgo de fuga, puesto que de los informes migratorios se estableció que los acusados tenían el dominio de la droga, la cual habría sido adquirida en Bolivia, para luego iniciar el traslado al sur del país.

Sostuvo que, en ese marco, cada uno de los acusados cumplió un rol determinado en la empresa delictiva. Además, señaló la falta de arraigo de dos de ellos e indicó que, dada la escala penal del delito, la pena que podría recaer sobre los acusados no será de cumplimiento condicional.

A su turno, sólo uno de los acusados aceptó declara y lo hizo solamente para tratar de sacar de escena a Chávez Paz, para quien la fiscalía había solicitado que la medida de coerción exigida lo sea bajo la modalidad de arresto domiciliario.

De esta manera, y sin controversias de peso por parte de la defensa, el juez dio por formalizada la investigación penal en los términos planteados por la fiscalía.