Este dato surge del informe de la Comisaría 1° de la Unidad Regional N° 6 y en lo que respecta del 2023 ya son 130 las presentaciones.

La policía de Cafayate dió a conocer un informes en el que se detallan las denuncias que se realizaron durante el 2022 y el 2023 en materia de violencia intra-familiar y de género.

En Cafayate, las denuncias que corresponden al 2023 ya alcanzaron el 30 por ciento en comparación al año pasado lo que significa unas 130 presentaciones.

En San Carlos se recibieron 29 denuncias en el 2022 y para este año ya se registraron 14, es decir casi un 50 por ciento.

Para Animaná, el registro del año pasado reporta 32 casos y para este 2023 un total de 12 denuncias. En Angastaco el registro indica 15 denuncias y otras 5 para el período de enero a abril de este año.

En Radio Cafayate 95.1, el comisario mayor Marcelo Leiva y el Oficial, Matías Castro, comentaron que en casos de violencia intrafamiliar y de género, la policía esta facultada para actuar de oficio y realizar una denuncia contra el agresor, aún si la persona damnificada no lo hiciera. Además, instaron a todas las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, que se animen a radicar la denuncia para poder tomar intervención y avanzar sobre una causa.

Ley Micaela

Fue promulgada el 10 de enero de 2019. Establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner.

Como autoridad de aplicación de la Ley 27.499, nos proponemos lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación.

Buscamos transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado.

Estamos trabajando en articulación con todos los organismos alcanzados por la ley en coordinar contenidos, metodología y procedimientos de evaluación y seguimiento del impacto de su implementación en cada ministerio y dependencia del Estado argentino.