Este viernes se conoció la sentencia que permitiría a la ciudad recuperar la donación de los terrenos usurpados por la empresa.
La justicia provincial falló a favor de la municipalidad en el conflicto por las 32 hectáreas usurpadas por la empresa Pernod Ricard.
El presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Chocobar, aseguró que el representante legal del muncipio, Cesáreo Pastrana, se presentó en el Concejo Deliberante para dar a conocer los detalles del fallo.
Néstor «Gallo» Gómez, dijo en el programa En Modo Mañana, que es un momento histórico para los que estuvieron luchando desde hace años.
Rado Cafayate 95.1 pudo acceder a una copia del fallo del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral a Cargo de la Jueza, María Virgina de Toranzos, que uno de los representantes legales facilitó al Concejo Deliberante.
Fallo del Juzgado de 1ª instancia sobre las 32 Hectáreas de Cafayate
El conflicto
Se trata de las tierras ocupadas y explotadas ilegalmente por la empresa y que pertenecen al pueblo de Cafayate. Se cae una de las tantas mentiras y argumentos de los usurpadores.
Los exintendentes, Jesús “Susin” Ávila, Ricardo Jesús Strizich y Juan Esteban Ocampo reconocieron ante la jueza María Virginia Toranzos en la primera audiencia del juicio que la pista de aterrizaje si existió y reforzaron diciendo que fue utilizada para el aterrizaje de aviones durante sus gestiones en distintas oportunidades.
Los tres testimonios hacen caer una de las principales mentiras de la empresa usurpadora que en diferentes oportunidades dijeron que en las tierras nunca existió una pista de aterrizaje y que incluso de manera insólita, actuales y exconcejales refrendaron con sus firmas semejante felonía en el denominado “convenio” que resultó ser una catalogo de inexactitudes y falsedades.
Las declaraciones de los tres exintendetes deja mal parada a la empresa que ocupa y explota ilegalmente las tierras que pertenecen al pueblo de Cafayate, ya que la propietaria legal es la Municipalidad local. Los testimonios de los exfuncionarios voltea el principal argumento de los usurpadores de que no se cumplió con el cargo de donación de la familia Etchart. para hacer efectiva la propiedad de las 32 hectáreas que hoy se encuentran usurpadas por la empresa.
La Municipalidad de Cafayate está representada en el juicio por los abogados Cesareo Pastrana y Américo y Bernanrdo Cornejo. En tanto que la empresa usurpadora tiene como abogados a Raymundo Sosa y Luis Acedo.
Desde hace más de 20 años estas tierras están en disputa y el pueblo de Cafayate perjudicado por Pernod Ricard a causa de la ocupación ilegal. La empresa asegura que esa parcela, identificada con el catastro 2078, corresponde a la propiedad que le compró a la empresa Etchart, lo que nunca pudo demostrar en los papeles y le resultará imposible, ya que cuando la empresa okupa compró la bodega y la finca, esas tierras ya no pertenecían a la familia Etchart y en la cedula parcelaría ya figuraba la Municipalidad de Cafayate como propietaria. Es decir: la familia Etchart nunca le pudo vender lo que no le pertenecía, así de sencillo.
“Yo siendo intendente y después como senador, nunca vi ninguna documentación sobre la donación de esas tierras. Lo que sí puedo asegurar es que si el cargo de la donación era que se use como pista de aviación, se cumplió como saben todos los cafayateños y eso ninguno lo puede negar” dijo a la prensa Susín Ávila al salir de la audiencia.
Por su parte, Ricardo Jesús Strizich aseguró: “Yo la ocupé a esa pista de aterrizaje durante mi función pública. En una oportunidad teníamos una proliferación de moscas y mosquitos y contraté un servicio de fumigación aérea y se operó desde esa pista para cargar los insumos y químicos” afirmó confirmando que en las tierras si funcionó la pista de aterrizaje desmintiendo a la empresa usurpadora,
En tanto, el exintendente Juan Esteban “Pato” Ocampo ratificó que “desde que tengo uso de razón y siendo un ciudadano común conozco que existió la pista de aterrizaje cuando de chico me tocó con mis amigos recorrer ahí. Después en la época en que Strizich era intendente hicimos una campaña de fumigación y se usó para descargar los insumos.”
El litigio por las 32 hectáreas está plagada de irregularidades en el accionar de la empresa, como así también del actual intendente Fernando Almeda, sus asesores y ex concejales.
La empresa asegura que tiene buena voluntad para llegar a un acuerdo sobre las tierras que ocupa y explota hace años ilegalmente, sobre las que no tiene ningún derecho ni papel alguno que acredite lo contrario y que, en el afán de apropiación, en varias oportunidades no dudo en recurrir a maniobras turbias, falsedades y un sinfín de contradicciones, en lo que increíblemente fue acompañado por actuales y exfuncionarios públicos.
Durante la primera audiencia, Pernod Ricard puso tres testigos, todos empleados de la empresa cuyos testimonios giraron en torno de la nueva estrategia de los usurpadores que es afirmar que la pista si existió pero que no se usaba y que el lugar estaba abandonado por la Municipalidad de Cafayate y que en la parcela hay dos hectáreas plantadas con viñas.
El flojo argumento de los testigos de los usurpadores lleva a preguntarse si el hecho de que la Municipalidad de Cafayate no haga nada en las 32 hectáreas o que la pista de aterrizaje ya no funcione le da algún tipo de derecho a la empresa para usurpar las tierras ya que legalmente no les cabe ningún tipo de reclamo de propiedad sobre esa parcela.
Reconocimiento de ocupación ilegal
Tras la audiencia, el abogado de la usurpación, Raymundo Sosa, afirmó ante la prensa que la empresa «ni reconoce ni deja de reconocer» la propiedad del municipio sobre el catastro 2078, lo que lleva a la Pernod Ricard a una enorme contradicción ya que, en contrario de esas afirmaciones, en una carta documento fechada el 21 de junio de 2016- y que radiocafayate.com publicó oportunamente- firmada por su apoderado, Germán Pennimpede, la empresa reconoce que no es dueña de ese catastro y confirma que pertenecen a la Municipalidad de Cafayate. A pesar de eso, continúa hasta el día de hoy con la usurpación, la ocupación y explotación ilegal de las tierras.
Por otro lado, la negociación llevada adelante en su momento por el entonces asesor legal de la Municipalidad de Cafayate, Sebastián Aguirre Astigueta, no solo abundó en descuidos administrativos, sino que dejó entrever una clara animosidad en cerrar un trato totalmente desfavorable para el pueblo de Cafayate, a pesar de que todo el derecho de propiedad sobre las tierras asiste al municipio, y que derivó en varias denuncias de presunta corrupción y falta de cumplimiento a los deberes de funcionario público tanto contra el asesor legal como contra el Intendente Fernando Almeda.