Este jueves se dió a conocer el monto que cobrará el asesor legal que intervino como defensos en el juicio político impulsado en 2021 contra el ex intendente.

La Municipalidad de Cafayate deberá pagar 460 mil pesos en concepto de honorarios al abogado Jonás Garnica, que se desempeñó como defensor del ex Intendente Fernando Alameda en el juicio político iniciado en 2021 por la entonces concejal por el partido radical Patricia Castro.

El concejal Mauricio Aguirre, aclaró que al no tener presupuesto propio el pago deberá realizarlo el municipio: «Este es un pago que se tienen que hacer ya que juicio perdido, juicio pagado. El problema es que al no tener autonomía, este concejo no puede afrontar ese pago y lamentablemente el dinero va a salir de todos los vecinos. No lo pago tal o cual concejal ni el municipio, lo pagan los vecinos.»

Sesión N° 18 de Concejo Deliberante: Juicio político perdido
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Historia del juicio político

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el juicio político contra el intendente Fernando Almeda en agosto de 2021.

El representante del Movimiento Social Resistencia Kallchaki, René Alankay, en comunicación con RadioCafayate.com confirmó que además se sumarían a la causa las denuncias que realizaron los vecinos por malversación de fondos y cohecho en ese momento.

Alankay le dijo a este medio, que la concejal Patricia Castro le había confirmado posterior a la sesión ordinaria  que la decisión del Concejo Deliberante de iniciar el juicio político al Intendente Fernando Almeda por «presunta inhabilidad moral y mal desempeño en la función pública», fue unánime. El único que no votó porque se encontraba de viaje, fue el concejal René del Rosario Condorí al que también se le iba a iniciar una investigación por las mismas causas.

Patricia Castro

«Nosotros (MSRK) le habíamos pedido hace una semana a los concejales Cristian Avellaneda, Antonella Yañez y Patricia Castro que presentaran el proyecto de juicio y cuando lo hicieron a los otros muchachos (Concejales) no les quedó otra que votar a favor.» aseguró Alancay.

El disparador del proyecto de inicio de juicio político, según los voceros del Movimiento Social Resistencia Kallchaki, fue la recepción por parte de su asesor legal, el doctor Quito Leccese, de la notificación de citación a audiencia por imputación a Almeda, pedida por la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, luego de finalizar el informe de la inspección ocular realizada en el Loteo Finca El Socorro II.

Informe de la fiscal

En el informe la fiscal Salinas Odorisio pidió en 2021 la imputación de Almeda por la condición infrahumana de hacinamiento en que se encuentraban los beneficiarios del loteo de Finca el Socorro II, por incumplimiento de funcionario público y por la entrega de certificaciones con final de obra al cien por ciento en octubre de 2019, siendo que, como se pudo constatar en la inspección ocular realizada, las obras seguían incompletas.

Dicha inspección de la fiscal Salinas Odorisio, se originó a raíz de las denuncias presentadas por los vecinos que habían sido beneficiados con los terrenos entregados en octubre de 2019 por el IPV y el intendente Fernando Almeda, al no tener respuesta a los reclamos hechos al municipio por la falta de las obras prometidas y que estaban certificadas como terminadas.

En 2023 la justicia provincial desestimó el pedido de destitución del intendente Almeda por graves errores en el juicio político en un fallo fechado el 5 de septiembre que hizo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa del jefe comunal de Cafayate. El Concejo Deliberante actual deberá pagar las costas derivadas del proceso.

El concejal Mauricio «Pasha» Aguirre, en diálogo con el programa En Modo Mañana, comentó sobre el fallo de la Corte de Justicia de Salta, en el que desestima el pedido destitución del Intendente Fernando Almeda, impulsado por el Concejo Deliberante en agosto de 2021.

Aguirre dijo: «Claramente se hizo todo mal en el pedido de destitución, empezando que se presentó una resolución que después iba al ejecutivo para ver si el mismo intendente aprobaba su destitución», y además lamentó el hecho que los cafayateños deberemos afrontar las costas que surgen del juicio. Cuenta en la que también figura los honorarios del abogado defensor de Almeda, Jonas Garnica, que hasta el momento no se ha fijado importe.

«Yo no voy a permitir que esto lo paguen los cafayateños, la ex concejal, Patricia Castro, principal responsable de este juicio mal llevado adelante sale a decir ahora que la culpa es de este Concejo Deliberante por no seguir el tema, siendo que ella nunca se acercó al Concejo a contar y explicar.» dijo Aguirre,.

El Fallo

El 5 de septiembre del 2023 la Corte de Justicia de Salta dictó una Resolución haciendo lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de Fernando Almeda, en el que se argumentaba que el proceso de destitución resultó «arbitrario y violatorio de las garantías constitucionales» del denunciado.

El máximo tribunal salteño hizo notar varios errores graves por parte del Concejo deliberante en el proceso de Juicio político, estos son algunos de ellos:

1-Dictaron una Ordenanza cuando debía ser una Resolución destitutoria

2-Existió efectivamente una seria afectación a la garantía de imparcialidad de quienes ejercieron el rol de juzgador, atento a que éste estuvo integrado por las mismas personas que habían conformado la Comisión Investigadora. «Existió, entonces, una deliberada e inaceptable confusión entre los roles de acusador y juzgador.»

Según la fundamentación de la defensa, al momento de votar la destitución no se dictó una ordenanza como manda la Ley sino que se aprobó una Resolución. El 2° punto de los Considerando de la Corte textualmente dice:

«Que al expresar agravios… el apelante sostiene que el proceso de destitución resulta arbitrario y violatorio de sus garantías constitucionales. En primer término, afirma que no existe una ordenanza destitutoria. Relata el recurrente que el Concejo Deliberante aprobó el proyecto respectivo, disponiendo la remoción de su cargo, que observó ese proyecto mediante Resolución 97/21, dentro de los diez días hábiles administrativos; y lo devolvió al Concejo Deliberante, que –en definitiva- lo aprobó solo con mayoría simple mediante una Resolución. Sostiene que una Ordenanza no puede ser puesta en vigencia por una disposición de distinta naturaleza jurídica. Agrega que, al no haberse respetado la mayoría impuesta por la Carta Orgánica Municipal y la Constitución Provincial, no existe acto destitutorio jurídicamente válido.»

Teniendo en cuenta este argumento de la defensa y que para poder destituir a un intendente existen dos causas pasibles de tal sanción que son el mal desempeño y el tener una condena penal firme. La presentación de la concejal Patricia Castro en el que utiliza la figura de «Inhabilidad moral», es considerada por la defensa y la corte como «abstracta».

La destitución

EL 25 de agosto de 2021 el Concejo Deliberante trató, a pedido de la entonces legisladora, Patricia Castro, sobre tablas del dictamen de la comisión investigadora y tras un cuarto intermedio para resolver sobre si esta forma era lo más conveniente, que finalmente prosperó, cinco votos decidieron la destitución del Intendente Fernando Almeda.

A los votos de los cuatro integrantes de la comisión investigadora, Facundo Guzmán, Antonela Yañez, Cristian Avellaneda y Patricia Castro, se habían sumado el de Jorge Guantay, con lo que consiguieron los dos tercios que establece la Carta Orgánica y el reglamento Interno para esta medida.

El único voto en contra fue el de René Condorí. En tanto el Presidente del cuerpo, Adrián Torres no votó ya que no hubo empate.

Entre los detalles que resultaron extraños a primera vista y que habían sido advertidos en su momento, es que en la ordenanza aprobada no se consignaba ni en el Visto ni en los Considerandos las causas ni se detallan las faltas legales en la que habría incurrido el Intendente Fernando Almeda por las que se le aplicó, la máxima sanción. Solo se mencionan generalidades y temas más de orden reglamentarios del tratamientos que sobre los delitos que se le imputan.

El tratamiento del dictamen tiene una serie de cuestionamientos que se discutieron previamente a la votación. Concretamente hablaron de desprolijidades por parte de Patricia Castro en el manejo de la Comisión Investigadora, incumpliendo los plazos de presentación ante el cuerpo ya que el proyecto ingresó solo 48 horas antes del tratamiento, lo que se entiende como un plazo escaso para estudiar detenidamente el resultado de las investigaciones que hubieran llevado a la destitución de Almeda. Esto, según fuentes del mismo Concejo, habría violado una disposición aprobada por ellos mismos.

Incluso el tratamiento sobre tablas generó dudas sobre la validez de ese mecanismo en un caso de juicio político.

Tras corroborarse estas irregularidades, fueron usadas por la defensa de Fernando Almeda ante la justicia para invalidar el proceso que lo destituyó.

Cabe recordar lo llamativo de la urgencia de la concejal Patricia Castro, por aprobar la destitución el mismo día de la presentación de la ordenanza.

Antecedentes

El intendente de Cafayate, Fernando Almeda, había asegurado en una conferencia de prensa el 22 de junio que el juicio político iniciado en su contra, respondía a cuestiones electorales: ”No nos olvidemos que estamos en un año electoral y gran parte del Concejo están como candidatos. (…) todos los días están en la radio y están muy ensañados generando este estado de odio, de bronca.”

Respecto de la información que solicita el Concejo para la investigación en el marco del juicio político, Almeda dijo que remitirán toda la información dentro del plazo de tiempo en el que puedan reunirla.

Según Almeda, era imposible entregar todo lo que pedía el cuerpo deliberativo en 15 días como dicta la Ordenanza y que el proceso de reunir toda la información puede tardar entre 4 y 5 meses según lo que dice la Carta Orgánica: “ Habrá que impugnar la resolución porque en 15 días es una locura presentar la documentación.”

Finca el Socorro

Con respecto a las obras inconclusas del barrio Finca el Socorro II, por las que había denunciado penalmente, Almeda aseguró que siempre la obra pública ha sido difícil y escuda esas dificultades en cuestiones como la inflación, la escalada del dólar y que esa obra en particular tuvo muchas dificultades en cuanto a infraestructura y variación de precios de la construcción lo que “relentiza” (sic): “ Por eso con el análisis que se hace se da cuenta y se llega a la conclusión que había quedado desfasado por una cantidad de inconvenientes.”